Lo público y la autogestión:
defensa y avance
Reflexionando sobre lo público y lo estatal
somos conscientes de la visión que se ha dado de los servicios públicos desde
algunos sectores del movimiento libertario y de la izquierda radical,
únicamente como actividades controladas por el Estado y ajenas al interés
social de los trabajadores. Por eso queremos compartir nuestra postura al
respecto y crear puentes en torno a ella, para sentar las bases de un trabajo o
perspectiva común revolucionario.
En la actualidad, vivimos el desarrollo de un
proyecto capitalista que comenzó en los 80 (en EE UU y Gran Bretaña), se
introdujo en España y el resto de la UE tímidamente a principios de los 90 y
está destinado a convertir unos sectores vitales de la sociedad española, los
servicios públicos que hoy gestiona el Estado y en donde antes apenas podían
meter mano, en un nuevo mercado del que seguir sacando beneficios y haciendo
rapiña.
El coste de esta
tendencia privatizadora de lo público se está reflejando en una degradación
continua de las condiciones de vida de los trabajadores, que tiene su reflejo
en la mercantilización del bienestar social:
Sectores cedidos a empresas privadas, como los servicios públicos de
limpieza, son algo visible y desde hace unos años es palpable el empeoramiento
de recogida de basuras y reciclaje en nuestras calles. En el transporte público
subidas de precios abusivas, despidos, pérdida de calidad del servicio y merma
en la seguridad… Aumento del gasto en la sanidad, con pacientes derivados a la
privada teniendo todo lo necesario en la pública, reducción de la inversión,
despidos… La educación con financiación en enseñanza media a privados
concertados por encima de los públicos, ideología franquista con la LOMCE
(jerarquización de los directores, religión…), subida de tasas en las
matriculas en universidades y Formación Profesional… El servicio de
abastecimiento y saneamiento, el agua, el bien social más básico presto a su
encarecimiento. Y es que en general ya no hay disimulo a la hora de recortar
presupuestos para los servicios públicos; mientras tanto se conceden conciertos
y prebendas a las privadas, un trasvase del sustento de los servicios públicos
a lo privado en toda regla.
Hay
que recalcar que los servicios públicos no son sólo actividades controladas por
el Estado y mucho menos ajenas al interés de los trabajadores. Entendemos lo
público como aquello que tiene cualidades para no ser una mercancía o que su
gestión no esté basada en criterios de mercado. Se consideran por tanto un bien
social que debe tener un carácter universal. Además, estos servicios serían
igualmente necesarios en un escenario posrevolucionario (con los cambios
evidentes de gestión, en manos nuestras, los trabajadores).
Defendiendo la necesidad pública de estos
servicios hay que plantearse:
1.- ¿Qué entendemos por ello?
Un
derecho público es lo opuesto a un privilegio, y si por algo se caracteriza el
capitalismo es por la concentración de privilegios en las manos de la clase
propietaria. Así pues, cuando el pueblo avanza y consigue garantizar el derecho
al acceso de un servicio para todos, estamos frente a una esfera de la vida que
rompe con la lógica de mercado del capital.
También
hay que apuntar que el reconocimiento de un derecho por parte de una ley no
significa la inmediata materialización de este, sino que bien puede quedar como
algo simbólico. Por eso lo único que tenemos seguro para que ese derecho se
haga efectivo es la fuerza y la capacidad para imponerlo mediante la
organización y la lucha. Así pues, es la confianza en las capacidades del
pueblo de organizar su propia vida la que hace cumplir ese derecho público. Por
ello, supone la lucha frente al Capital por una necesidad básica.
2.- Ante el hecho privatizador de los
capitalistas mediante el Estado ¿Qué proponemos los
anarquistas como alternativa de lucha? ¿Podemos contentarnos con la mera
defensa nostálgica de los “buenos días” del estado de bienestar o queremos más
que eso?
La
clave para responder a estas cuestiones pasa por pensar el concepto de
autogestión y aclarar sus posibilidades como práctica.
La autogestión
Es la gestión cooperativa de una comunidad, en la que
participan todos sus integrantes de forma libre e igualitaria y con
independencia de factores externos. Promueve la participación en una actividad
de los implicados en ella, sin delegar en otras personas y sin relaciones de
autoridad entre los participantes.
En
este sentido es importante poner como base una tensión estratégica de la
autogestión con cualquier forma de capitalismo. También hay que poner el acento
en la participación y funcionamiento de los que se dotan los miembros que se
organizan en estos proyectos y procesos: la democracia directa. Aunque es
evidente que en el proceso de lucha y como táctica podamos ampliar la participación
y control obrero o practicar ciertas formas de autogestión en empresas
recuperadas, como en la Argentina posterior a la crisis del 2001-2002, esta
situación a largo plazo es insostenible por sí misma. Por tanto, para dar el
paso de la autogestión a la socialización, que es la eliminación de las
relaciones capitalistas de mercado y control estatal, se precisa tener un
proyecto político-social de carácter global, lo que implica necesariamente
pensar un proceso de revolución social.
Creemos
que hay que aclarar ciertos términos que se confunden erróneamente con ciertas
prácticas de economía “alternativa” dentro de la sociedad capitalista. Siendo
precisos, el término es usado, indistintamente, como sinónimo de producción
artesanal, microempresa o cooperativa, y autofinanciación.
Hablar
de autogestión es indisociable al ataque de las bases mismas del sistema: en
sus relaciones de propiedad y en las relaciones jerárquicas que se desprenden
de la organización de la sociedad de clases. Para nosotros la autogestión no
puede bastarnos con ser un submodelo coexistente con la producción capitalista
y que, directa o indirectamente, participe de sus leyes. Por tanto, la
autogestión sólo cobra pleno sentido en función del proceso revolucionario, de
reapropiación del conjunto del Capital social sobre nuevas bases socialistas y
libertarias. Entendido esto, creemos que no se trata de cómo fundamos nuevos
servicios públicos, sino de cómo aspiramos en la lucha a la reorganización de
los mismos, es decir, a la capacidad de decidir los trabajadores y usuarios
sobre qué y cómo se hacen las cosas, bajo un proyecto de expropiación social.
Nuestro
concepto de autogestión, que recoge el sentido original que le daban los
sindicalistas revolucionarios y los clásicos del anarquismo, capacita para
pensar en una sociedad moderna, compleja y sofisticada; que emana del conflicto
de clases ocasionado por la sociedad industrial respecto al control de la
producción. Este modelo, que se expresó rudimentariamente en las colectividades
urbanas y rurales de la España del 36 o en los consejos obreros o soviets rusos
del 17, no es una vuelta atrás, sino una superación revolucionaria de la
sociedad capitalista y del estatismo.
Así
pues, la socialización implica una cuestión de fines, un asunto estratégico y
la autogestión una cuestión táctica, un asunto de medios. Que los mismos
trabajadores se hagan cargo de sus asuntos implica la construcción de una
experiencia organizativa que configura, aunque sólo de forma inicial, las bases
de la nueva sociedad a la cual aspiramos.
Es
necesario, por tanto, que los movimientos sociales piensen en la autogestión de
la propiedad que hoy posee el empresariado y el Estado; es necesario comprender
que mientras exista la propiedad privada, no podemos competir con ella, pues
tenemos los recursos, los medios y la infraestructura, es decir, el Capital, en
nuestra contra. Eso mismo ocurre hoy con las industrias autogestionadas en
Argentina, experiencias valiosas y que nos llenan de entusiasmo revolucionario,
pero que no van a pasar a mayores si, en lugar de la apropiación sólo de las
empresas quebradas no comenzamos a pensar en la expropiación de las empresas
“saludables”, transformando la autogestión en un verdadero ariete de guerra en
contra del capitalismo, más allá que en una simple alternativa de
supervivencia, y hacia la socialización de los medios de producción.
Defensa y avance
Cuando
hablamos de destruir las instituciones existentes normalmente nos referimos a
las que ejercen una función parasitaria y represiva (policía, ejército,
cárceles, magistraturas…), pero no se nos pasa por alto que otras
instituciones, las que supuestamente sirven para asegurar la vida de la
humanidad, no pueden ser destruidas eficazmente si no se las sustituye con una
cosa mejor.
El intercambio y
distribución de productos, las comunicaciones y todos los servicios públicos
ejercidos por el Estado o por particulares, han sido organizados de modo que
sirven intereses reales de la población. No podemos desorganizarlos (y tampoco
nos lo permitiría la población interesada), sino reorganizándolos de modo
mejor. Eso no se puede hacer en un día, ni en la actualidad tenemos la
capacidad necesaria para hacerlo. Tenemos claro que la vida social no admite
interrupciones, y todos queremos vivir el día de la revolución, pero también el
día siguiente y los sucesivos.
Es,
por tanto, menester para el desarrollo de un proyecto revolucionario, que los
medios sean coherentes con los fines, y en nuestro caso que la autogestión,
como norte revolucionario, sea a su vez un método aplicado de forma correcta en
relación a los servicios públicos.
Las
privatizaciones, uno de los pilares de la sinvergonzonería neoliberal, es el
supuesto de que el Mercado es el mejor distribuidor de recursos y que no hay
mecanismo más eficiente para que los servicios y la producción funcionen mejor
que mediante la propiedad privada. Las consecuencias de las privatizaciones
(que, paradójicamente, representan una auténtica política de Estado) las
sufrimos en carne propia el pueblo, con servicios que se encarecen y ven
afectada drásticamente su calidad.
Pero
¿es posible oponerse a las privatizaciones sin oponer una salida revolucionaria
y libertaria?
La
socialdemocracia y el resto de partidos marxistas (IU, PCE, IA…), estatistas
por naturaleza, cree y defiende como proyecto que los servicios y la propiedad
sea gestionada por el Estado, a fin de cuentas, esperan que pronto llegue su
turno de estar a la cabeza del Estado para con sus burócratas dirigirlo
teóricamente en beneficio del pueblo. Por lo demás, tienen una perfecta
coherencia entre sus medios y sus fines, entre su táctica y su estrategia; pero
nosotros estamos en otra.
En
cambio, los libertarios nos vemos en una disyuntiva de profunda trascendencia,
pensar qué relación establecer entre propiedad y gestión. Para resolver esta
cuestión es necesario tener una visión realista de cómo será en términos
prácticos, y no valen las consignas, la cuestión de la propiedad y la
administración de los servicios en la sociedad revolucionaria: ¿La propiedad
sería colectiva y los trabajadores y usuarios se encargarían de gestionar en
función de la necesidad de la colectividad? Seguramente llegado el caso las
posibilidades serán más numerosas, pero urge tratarlas para poder trazar el
camino a seguir hasta nuestro proyecto finalista.
Y
es ahí donde tenemos la clave para comenzar a pensar alternativas que
solucionen esta problemática. Por eso pensamos en la autogestión con un sentido
muy preciso: que la gestión de los servicios públicos no recaiga en manos ni de
los burócratas ni de los tecnócratas estatales o privados, sino en los propios
implicados en estos servicios. De esta manera damos el paso de la negación (no
a las privatizaciones) a la afirmación (gestión popular de los servicios). Esto
plantea en términos reales nuestra lucha en contra de los privados (que compran
nuestros servicios) y en contra del Estado (que los vende). Así, nuestra lucha
contra las privatizaciones se transforma en una lucha en contra del Estado y
del Capital, entregando al propio pueblo la capacidad de decidir sobre los
asuntos que nos afectan más directamente.
¿Y
qué ocurre con los recursos necesarios para garantizar el óptimo financiamiento
de los servicios públicos? Estos deben ser exigidos de las arcas estatales, al
ser éste el espacio en el cual se concentra el capital producido socialmente y
acumulado (mediante la recaudación de impuestos, por ejemplo), un hecho que no
podemos ni debemos obviar. En este sentido, no se trata de “legitimar” al
Estado, sino de reapropiarnos socialmente de los recursos que las clases
dominantes nos enajenan y que el Estado concentra, para poder utilizarlos según
la libre determinación popular.
Así
que volviendo a la escena de la calle, hemos presenciado cómo al calor del 15-M
y ante la agudización privatizadora de gobiernos y capitalistas, ha repuntado
temporalmente una conflictividad social que hacía tiempo no se recordaba, con
las Mareas de los distintos sectores públicos y la confluencia tibia con
sindicatos combativos. Junto a esto, es importante tener claro que nuestra
alternativa implica que seamos capaces de proyectarnos mucho más allá de los
servicios públicos, y que podamos trabajar una respuesta revolucionaria del
conjunto de toda la sociedad, que vincule los distintos sectores económicos y
sociales, y que conecte las luchas del presente con las conquistas del mañana.
Para
concluir, diremos que la postura que entendemos coherente con una perspectiva
de emancipación social y revolucionaria pasa por la oposición frontal a todos
los procesos privatizadores que están llevándose a cabo, por cuanto contribuyen
a la degradación de nuestras condiciones de vida. En esta línea creemos que
nuestra primera tarea es defender los servicios públicos con un objetivo claro
de capacitarnos, trabajadores y usuarios, para posibilitar que podamos tomar su
control y su gestión.
Valoramos,
como base a desarrollar por los luchadores sociales de hoy en día y para que
los trabajadores podamos gestionar algún día los servicios públicos, o para que
no nos alejemos más de este objetivo:
1.- Defender
unos servicios
públicos, universales, gratuitos y de calidad, impidiendo que pasen a ser
gestionados por manos privadas, lo que conlleva su mercantilización y elitismo.
2.- Fortalecer la movilización y
organización social en torno a los servicios públicos para aumentar la fuerza
de sus sindicatos y asociaciones de usuarios, apoyando también un avance
organizativo en el resto de sectores económicos y sociales del país.
3.- Capacitarnos trabajadores y usuarios
de cara a presionar al Estado para mejorarlos y para profundizar en nuestro
control y orientación de la gestión en lo posible, práctica que posibilitará su
socialización, es decir, su autogestión por la comunidad y los trabajadores en
el futuro.
¡Por
unos servicios públicos autogestionados!
¡Porque
la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos!
¡Arriba
los que luchan!
Grupo
Anarquista Albatros (FAI)